La Comisión Especial Investigadora N°57 de la Cámara de Diputadas y Diputados, creada el 8 de julio de 2024 a solicitud de 74 parlamentarios, tuvo por objeto fiscalizar los actos del Gobierno vinculados a los programas de acompañamiento para personas cuya identidad de género no coincide con su nombre y sexo registral. En particular, examinó el Programa de Apoyo a la Identidad de Género (PAIG “Crece con Orgullo”), destinado a menores de 3 a 17 años, y el Programa de Salud Trans (PST), orientado a personas trans y no binarias de 10 años o más. Ambos programas incluyen acompañamiento psicosocial; además, el PST contempla terapia hormonal y cirugía de afirmación de género para mayores de edad. La comisión revisó el marco normativo (ley N°21.120 y sus reglamentos), analizaron cifras de beneficiarios —por ejemplo, 1.202 menores ingresaron al PAIG en 2023— y evaluaron contratos, convenios, distribución de fármacos y la evidencia científica que respalda las intervenciones. Para ello, realizaron trece sesiones con autoridades de Salud, Desarrollo Social, Educación, ISP, CENABAST, representantes del Movilh, Colegio Médico y familias, recogiendo testimonios y cuestionamientos sobre la implementación y riesgos de los tratamientos

La Comisión, con voto mayoritario (7 a favor y 6 en contra), arribó a las siguientes conclusiones principales:

1. El PAIG “Crece con Orgullo” carece de un componente público y su reglamento (Decreto N°3/2019) no garantiza un programa estatal propio, pese a ampararse en la ley N° 21.120.
2. Si bien oficialmente el PAIG no incluye hormonoterapia ni cirugías para menores, las “duplas” psicosociales derivan efectivamente a niños y niñas a esos tratamientos sin un flujo formalizado ni consentimiento documentado.
3. Es imprescindible incorporar formularios tipo que registren por escrito el asentimiento de la persona y el consentimiento explícito de sus representantes legales, así como estandarizar los protocolos de derivación.
4. Se requiere generar evidencia clínica a largo plazo mediante investigación independiente y seguimiento de usuarias/os, reforzando la medicina basada en la evidencia.
5. Ante la falta de respaldo científico robusto y los riesgos para la salud ósea, metabólica y reproductiva, se propone suspender las terapias hormonales en menores de edad en la red pública chilena hasta contar con estudios concluyentes.